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MERCOSUR, la incorporación de un Parlamento a su estructura institucional

 

Publicado en el semanario “El Economista”, Buenos Aires, Argentina, 28 de mayo de 2004

 

Por Laura Vilosio *

 

Las instituciones encargadas de la construcción del MERCOSUR están demostrando tener un carácter esencialmente dinámico. La evolución de estos órganos responde a la necesidad de afianzar y diversificar una estructura que le permita a la organización satisfacer las necesidades que plantea su progreso.
La reciente creación de la Comisión de Representantes Permanentes o la del Tribunal Permanente de Arbitraje son buenos ejemplos de este proceso que continúa con nuevas incorporaciones. En efecto, la idea de crear un Parlamento del MERCOSUR se encuentra ahora en pleno desarrollo y se trata de un verdadero desafío para la región.

 

En efecto, la implementación de una institución parlamentaria supone, para cualquier sistema regional o estatal, poner en práctica ideales de representación democrática y de reparto y control de los poderes. La complejidad de estos objetivos en el plano interno de los estados se multiplica cuando se trata de su concreción en el de la integración internacional.

 

A pesar de ello, la Unión Europea, paradigma de los procesos de integración regional, ha concretado la existencia de un órgano de esta naturaleza que ha ido evolucionando y perfeccionando su funcionamiento, a pesar de las innumerables críticas de las que ha sido objeto.

 

Por su parte, el MERCOSUR experimentará la creación de su Parlamento a partir de la transformación de la ya existente Comisión Parlamentaria Conjunta. Este organismo fue establecido en virtud de disposiciones del Tratados de Asunción (1991) y definitivamente consagrado como parte de la estructura del MERCOSUR por el Protocolo de Ouro Preto (1994). Está compuesto por representantes parlamentarios de los Estados Partes y su finalidad es esencialmente facilitar la entrada en vigor de las normas emanadas de otros organismos decisorios como el Consejo Mercado Común o la Comisión de Comercio. Es decir que entre sus funciones no figuran la deliberación, la decisión ni el control interinstitucional propias de un parlamento.

 

El 18 de junio de 2003 los cuatro Presidentes de los países del MERCOSUR acordaron considerar la creación de un futuro Parlamento del MERCOSUR y en la Reunión Extraordinaria del 15 de agosto –a la que también asistieron los Presidentes del Bolivia y Chile– se pactó solicitar a la Comisión Parlamentaria Conjunta la presentación de una primera propuesta en ese sentido.
Con ese propósito, la Comisión ya había esbozado en un documento una organización institucional para el Parlamento del MERCOSUR contenida en el anexo de la Recomendación 13/2003 con fecha 17 de junio de 2003. Cabe aclarar que se trata, hasta el momento, de una mera propuesta con carácter preliminar. Sin embargo, será sin dudas el documento sobre el cual se sentarán las futuras discusiones sobre el tema.

 

El documento prevé arribar al establecimiento del Parlamento del Mercosur mediante un proceso gradual. En una primera etapa, la Comisión pasaría a denominarse Asamblea Legislativa del Mercosur. Sus atribuciones serían ampliadas y se le otorgarían funciones de co- legislación con el Consejo Mercado Común y el Grupo Mercado Común.

 

Otro aspecto significativo de esta etapa, según la propuesta, es en que las decisiones que tome la Asamblea serán vinculantes y no requerirán ratificación parlamentaria para su entrada en vigencia. Lo cual, inevitablemente significará un cambio de rol para los Parlamentos de algunos de los países del MERCOSUR.
Sin embargo, la Asamblea no tendrá iniciativa propia, es decir que la propuesta de nuevas normas para el MERCOSUR no podrán iniciarse en ella ya que sólo tratará las Decisiones del Consejo Mercado Común y del Grupo Mercado Común.

 

Coincidentemente, en el marco de las primitivas Comunidades Europeas la institución parlamentaria también se denominó Asamblea Legislativa hasta 1962, año en que adoptó el nombre de Parlamento Europeo. A pesar de ello, la elección de sus miembros no se realizaba en forma directa sino en el seno de cada Parlamento nacional y sus atribuciones eran mucho más limitadas que las que actualmente posee.

 

La segunda etapa que marca el documento es la que corresponde a la instauración del Parlamento del MERCOSUR al que le atribuye, entre otras competencias, la de ratificación de las normativas aprobadas por el GMC y el CMC, como acto de internalización de la normativa MERCOSUR por parte de los países miembros. Incluso prevé algún tipo de iniciativa propia del Parlamento a través de la introducción de temas por medio de mayorías especiales.
Lo que resulta aún más interesante es que establece la elección de sus integrantes de manera directa por los ciudadanos de los Estados Parte. Esto constituye un aspecto esencial porque permitirá reparar, al menos en principio, el distanciamiento de los ciudadanos ante la toma de decisiones relativas al ámbito regional.

 

En el caso europeo, la elección directa de los parlamentarios para la instancia regional se concretó en el año 1979. Sin embargo, la conformación de lo que algunos llaman un demos europeo no fue acompañada por un aumento de las competencias del Parlamento Europeo lo que, en parte, ha permitido la configuración del denominado déficit democrático de la Unión Europea. En efecto, a pesar del progresivo aumento de sus competencias, el Parlamento Europeo no tiene auténticos poderes legislativos al estilo de los sistemas estatales internos que se basan en la clásica división de poderes.

 

Otra particularidad que se advierte en la propuesta presentada por la Comisión respecto a la elección de los parlamentarios del MERCOSUR, es que el voto no sería obligatorio, se respetaría el cupo para cada género y el sistema electoral sería uniforme para todos los Estados Parte.

 

Evidentemente, el tema de la creación de un Parlamento del MERCOSUR subyuga a quienes quieren ver plasmadas instituciones sólidas que aseguren la marcha de este proceso de integración que todavía, a pesar de sus ambiciones, es incipiente.

 

Resulta indudable que la existencia de este órgano contribuiría a la internalización efectiva de las normas regionales a los ámbitos jurídicos de los respectivos Estados Parte. Pero fundamentalmente, crearía un ámbito de mayor representación democrática de la ciudadanía que se vería directamente involucrada en la elección de sus funcionarios.

 

Sin embargo, y a pesar de que el año 2006 aparece como el plazo fijado para su creación, el establecimiento de una institución de esta índole es, a todas luces, un tema de elevada complejidad y resta mucho por discutir hasta arribar a un verdadero consenso sobre su organización y funcionamiento.

 

* Magíster en Integración y Cooperación Internacional del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR – UNR)
 

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